En el contexto del debate por la reforma política, cobra mucha importancia el tema del financiamiento. ¿Cuáles cree usted que son las prioridades que debe encarar cualquier proyecto de reforma, particularmente respecto de l a
financiación de partidos políticos?
En materia de reforma política, el tema de financiamiento es el que va más avanzado, porque el Senado ya había sancionado el año pasado un proyecto integral de régimen de financiamiento de los partidos y de las
campañas, al que la Cámara de Diputados ha dado una sanción de revisión hace pocos días. En este régimen se establecen varias modificaciones a la legislación vigente, y muchas de ellas introducen cambios
muy interesantes y auspiciosos, sobre todo en materia de transparencia de financiamiento. El eje de la nueva normativa -que ahora le falta pasar sólo por la última revisión del Senado- es un sistema de financiamiento mixto:
público y privado. Después de la Reforma Constitucional de 1994, el financiamiento público es obligatorio, y este régimen mantiene esa obligatoriedad de financiamiento público y regula cuáles son los
límites en los cuales los particulares y las empresas y personas jurídicas podrán aportar a los partidos políticos. El régimen de control se basa -además de los controles internos que cada partido tiene, y de
establecerse las responsabilidades de tesoreros y responsables económicos de la campaña- en un sistema dual en el que controla la Justicia Federal con competencia electoral y la Auditoría General de la Nación. Se establecen
además importantes modificaciones en cuanto al tipo de aporte que pueden hacer los privados, ya sean personas físicas o empresas, determinándose que quedan prohibidas las donaciones anónimas. En nuestra legislación, a
pesar de que teóricamente están prohibidas, hay excepciones que en la práctica significan que las donaciones siguen siendo anónimas y nadie sabe quién está aportando a qué partido, lo que se
corregiría con este nuevo sistema que está en vías de aprobación.
Respecto del tema de los aportes privados, en muchos países existen límites, a nivel individual y empresarial...
En este proyecto también se establecen límites, los cuales se fijan de acuerdo a un porcentaje del límite de gastos que se les autorizan a los partidos. Es decir, también hay límites a los gastos de campaña.
En ese sentido, las personas jurídicas podrán aportar hasta un máximo del 1 por ciento del límite de gastos autorizado para la campaña, y las personas físicas el 0,5%, siempre que se aprobaran estos porcentajes
que son los que introdujo la Cámara de Diputados. De manera tal que se sigue la línea general de establecer límites al monto de los aportes a los partidos. En lo personal, creo que nuestra legislación no debería hacer
tanto hincapié en el límite a los gastos que cada persona, en cada distrito y en cada partido puede hacer, porque si se centra la legislación en este tipo de límites tiene que crear un mecanismo de control muy aceitado, y en
un país como Argentina, donde no podemos ni siquiera controlar la evasión impositiva a pesar de los múltiples controles y del tamaño que tiene la AFIP y en particular la DGI, dudo mucho de que la Auditoría General de la
Nación pueda realmente controlar que cada uno de los ciudadanos argentinos, en cada uno de los distritos y por cada uno de los candidatos, no viole las limitaciones. Pero lo cierto es que en el derecho comparado hay una tendencia a poner esos
límites, y los legisladores argentinos han seguido esa tendencia.
A países como Uruguay, por ejemplo, que no tiene límites a la financiación de partidos políticos, no les ha ido mal con este sistema ilimitado...
Por eso creo que lo central no tienen que ser los límites sino la transparencia. Estos límites después se transforman en una especie de doble discurso: “digamos que hemos puesto límites, total después nadie los
va a poder controlar”. De hecho, basta con ver lo que pasó en la Ciudad de Buenos Aires, que dictó -con mucho estruendo público y repercusión en la prensa- una ley de financiamiento antes de las últimas elecciones
para Jefe de Gobierno, y el resultado fue que a pesar de los límites y las muchas prohibiciones, la Auditoría de la Ciudad de Buenos Aires terminó dando su informe diciendo que ninguno de los partidos había respetado ninguno
de los límites que habían establecido. Por lo tanto, realmente me parece que la clave no está en los límites. Lo cierto también, es que la gente reclama esos límites, quiere que se ponga límites a los
aportes que las personas y, sobre todo, las empresas pueden hacer, y se ha seguido esa tendencia.
En cuanto al control, ¿no considera conveniente que haya un organismo nuevo que se encargue de esto?
Sí. De hecho he elaborado para algunos legisladores, no sólo en esta última etapa sino desde hace algunos años, proyectos que creaban una especie de “Defensor de la Transparencia” del financiamiento, siguiendo
el esquema del Defensor del Pueblo -que dentro de todo es una Institución que tanto a nivel local como nacional tiene una buena imagen, y ha trabajado razonablemente bien-: una Defensoría de la Transparencia, que era un organismo
independiente dotado de los medios y facultades de control necesarios. El argumento en estas discusiones siempre ha sido que crear otro organismo implicaba crear burocracia y asignar recursos. Obviamente, crear un organismo es caro, pero
facilitaría la independencia del controlante respecto del controlado. La Auditoria General de la Nación no es precisamente un órgano muy independiente de los partidos políticos.
¿Y por qué no contratar auditores privados?
Luego del escándalo de Enron, los auditores privados están teniendo bastante mala prensa para controlar, sobre todo lo que tiene que ver con el financiamiento de los partidos... Considero que tienen que haber un organismo estatal, con
fuerza del Estado, para requerir informes y hacer los reclamos pertinentes. Pienso que los privados pueden colaborar en la medida en que sean contratados. Me parece que este organismo nuevo debería contar con la participación de las ONGs y
con poder de contratación de personal especializado en el caso. Pero creo que una cosa no quita la otra, y pienso que tiene que estar el Estado controlando.
¿Cómo se plantea en la Argentina de hoy, donde hay una demanda respecto de bajar el costo de la política, el tema del financiamiento público? Podríamos decir que parte de los males de la política actual se
solucionarían con un financiamiento público sostenido de la actividad de los partidos, pero ¿no iría esto a contrapelo de lo que pide la gente?
Es cierto: si a la gente se le pregunta si quiere que el Estado ponga medio centavo para financiar a los partidos políticos, le dirían claramente que no. Pero hay que respetar las normas constitucionales, y esas normas establecen que el
Estado debe contribuir al sostenimiento de los partidos. Y en la base de esa idea, hay un argumento razonable: que los partidos son fundamentales para la democracia. No hay democracia sin partidos. Si uno considera que los partidos son instrumentos de la
democracia, más allá de que haya que corregir internamente muchas cosas de nuestros partidos políticos, si se parte de la idea de que los partidos son un engranaje fundamental de la democracia, es razonable que el Estado contribuya.
Por otro lado, cuando el Estado financia, lo hace para garantizar que haya cierto nivel de igualdad y la oportunidad de la competencia; si el estado no contribuyera con nada de financiamiento, los partidos se financiarían sólo con fondos
privados y eso le daría un ventaja muy marcada a quienes tengan recursos personales o capacidad de recaudación mayor. Este es el argumento central por el cual las distintas legislaciones del mundo, a partir de los años 60 del siglo
pasado, comenzaron a generar mecanismos de financiamiento público. Por supuesto que el mismo tiene que ser razonable y estar en línea con los ajustes y las restricciones que está sufriendo la economía argentina. No es
admisible que es Estado derroche el dinero en los partidos, pero en el esquema constitucional argentino, no tenemos más chance que prever alguna forma de financiamiento.
Por otro lado, quienes creen que aboliendo el financiamiento privado, y diciendo que “la corrupción se corrige haciendo que los partidos dependan solamente de los fondos públicos”, en realidad están generando las
condiciones para que haya más dinero negro. Cuando ha habido ese tipo de prohibiciones, lo que se hace es generar incentivos para que el dinero que pretende comprar favores futuros o comprar influencias, se maneje totalmente por carriles negros, y
entonces la transparencia -que es lo que se debe tratar de lograr en esta materia- queda realmente relegada a un muy último lugar.
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