· Resumen

· 1. Introducci�n

· 2. La credibilidad en las elecciones en Am�rica Latina

3. Factores de la credibilidad y confiabilidad de las elecciones

· 4. Variables

· 5. Variables institucionales y credibilidad de las elecciones

· 6. Factores individuales y credibilidad de las elecciones

· 7. Conclusiones

· 8. Bibliograf�a

3.- FACTORES DE LA CREDIBILIDAD Y CONFIABILIDAD DE LAS ELECCIONES

En análisis realizados con vistas a la reforma electoral ocurrida en Venezuela en 1997 y 1998, se realizó un estudio de la vinculación entre la integración partidista o no partidista de los organismos electorales y el grado de honestidad y credibilidad que presentaban las elecciones en América Latina (Molina, 1997), se concluía que la integración no partidista estaba asociada a niveles más altos de credibilidad. Otros autores, habían planteado apreciaciones en el mismo sentido con respecto a los problemas de honestidad o credibilidad en las elecciones de América Latina (Jaramillo, 1993: 65; Jaramillo, 1989; Aragón, 1988: 122; García, 1996: 124; Guzmán 1994: 34, Hernández, 1997). Sin embargo resultó evidente que la integración de los organismos electorales no es la única variable que afecta la credibilidad de las elecciones, y posiblemente tampoco la más fuerte. Por ello, en este trabajo se persigue ampliar ese análisis, estudiando como posibles factores asociados a la honestidad y credibilidad de las elecciones otras variables tanto institucionales como actitudinales, con el fin de tener un panorama más amplio de las diferencias en credibilidad y honestidad electoral entre los países latinoamericanos y sus causas.

A nivel institucional es de esperar que la integraci�n de los organismos electorales en forma no partidista o partidista tenga efecto tanto sobre los niveles de honestidad como de credibilidad de las elecciones. Podemos distinguir en Latinoam�rica entre dos principios orientadores de los organismos electorales y de la supervisi�n de los comicios. El "principio de la vigilancia partidista rec�proca" y el de la "imparcialidad". El primero asume que integrando los organismos electorales con representantes de los partidos estos se vigilar�n mutuamente, con el resultado de que el proceso ser� limpio y tendr� credibilidad. Los miembros de los organismos electorales son predominantemente representantes de los partidos El segundo supone que para garantizar la limpieza y credibilidad es preferible la integraci�n de los organismos electorales por individuos imparciales. De modo que a los miembros de los organismos electorales se les exige ser independientes pol�ticamente. La designaci�n del �rgano rector de las elecciones y sus subordinados puede seguir el procedimiento utilizado para los cargos judiciales, estar a cargo de instituciones p�blicas o privadas de car�cter no partidista, o en manos de un �rgano pol�tico como el Congreso, pero con la exigencia de que los designados sean mayoritariamente independientes. Sobre la base de este criterio podemos clasificar a los organismos electorales en tres categor�as: 1) No partidistas de designaci�n no pol�tica, 2) No partidistas de designaci�n pol�tica, 3) Partidistas.

La hip�tesis del trabajo es que a menor car�cter partidista, mayor ser� la garant�a de honestidad y la credibilidad, especialmente en condiciones de multipartidismo. La vigilancia partidista rec�proca presenta en primer lugar el problema de que se funda precisamente en la desconfianza, y cualquier situaci�n que altere moment�nea o permanentemente el equilibrio dar� lugar si no a violaciones a la �tica, al menos a suspicacia y p�rdida de credibilidad. En condiciones de bipartidismo perfecto o cuasi-perfecto este peligro se reduce, ya que los dos �nicos partidos tienen la facultad legal y la posibilidad material de estar presentes en todos los actos del proceso, de modo que puede asumirse que la supervisi�n rec�proca funcionar� adecuadamente. No ocurre lo mismo cuando el pa�s es multipartidista, con tres o m�s partidos importantes. En estas condiciones es muy probable que se produzcan alianzas de unos partidos contra otro u otros. O en todo caso, siempre habr� una alta posibilidad de que alguno piense que los dem�s est�n aliados en su contra, sea esto real o figurado. Por otra parte, es igualmente factible, como de hecho ha ocurrido en Venezuela, que existan partidos fuertes electoralmente pero de organizaci�n d�bil. Especialmente cuando se trata de movimientos generados en torno a figuras carism�ticas que surgen en una elecci�n y desaparecen en la siguiente. En estos casos el partido o movimiento electoral no tendr� posibilidades materiales de tener representantes en todas las mesas y actos de proceso, de modo que su capacidad de vigilancia ser� parcial, y su desconfianza directamente proporcional a estas carencias.

La integraci�n sobre la base del criterio de imparcialidad ofrece, por su naturaleza misma y en la medida en que la imparcialidad sea real, probabilidades razonables de honestidad y credibilidad. Esto es particularmente cierto cuando la designaci�n de los miembros de los organismos est� a cargo de entes no politizados, que gozan en s� mismos de un reconocimiento general a su imparcialidad pol�tica. Cuando, el nombramiento de los integrantes de los organismos electorales est� en manos de un �rgano pol�tico, como el Congreso (Venezuela) o del Presidente con acuerdo del Senado (Argentina), puede esperarse un cierto menoscabo de la credibilidad del organismo, sobretodo cuando el prestigio de los partidos se ha visto reducido. El nombramiento por un �rgano pol�tico como el Congreso, a�n cuando se exija una mayor�a calificada, puede derivar en negociaciones p�blicas, largas y pol�micas que afecten la confianza de la opini�n p�blica en la independencia de los integrantes de los organismos electorales. Esto ha sido claramente lo ocurrido en Venezuela en 1995 y en 1998.

En resumen, por lo antes se�alado, es razonable asumir la hip�tesis de que los niveles de credibilidad y confianza en las elecciones tender�n a ser comparativamente mayores en los organismos electorales no partidistas de designaci�n no pol�tica, seguidos por los no partidistas de designaci�n pol�tica, y menores en los de designaci�n partidista en condiciones de multipartidismo moderado o extremo. El cuadro dos presenta los modos de integraci�n de los organismos electorales rectores en los ocho pa�ses que estamos considerando.

Mainwaring y Scully (1995), han planteado que el nivel de institucionalizaci�n del sistema de partidos es una variable fundamental para explicar importantes aspectos del desenvolvimiento de las democracias latinoamericanas como la fortaleza de las legislaturas, la legitimidad, la gobernabilidad y las probabilidades de pr�cticas populistas. A fin de determinar el grado de institucionalizaci�n los autores utilizan cuatro criterios: la estabilidad del sistema de partidos, la profundidad del v�nculo entre los partidos y la sociedad, la centralidad de los partidos y las elecciones en la determinaci�n de quien gobierna, y la solidez interna de las organizaciones partidistas (Mainwaring y Scully, 1995). Con base en estos criterios estos autores clasifican los sistemas de partidos de Am�rica Latina en tres categor�as: Institucionalizados (Institutionalized Party Systems) , No Institucionalizados (Inchoate Party Systems) y Hegem�nicos en Transici�n (Hegemonic Party Systems in Transition) (Mainwaring y Scully, 1995: 17-20). Como se dijo, seg�n los autores el grado de institucionalizaci�n afecta la legitimidad del sistema pol�tico en la medida en que la posibilidad de utilizar las elecciones como un mecanismo para exigir responsabilidad a los gobernantes se facilita en sistemas de partidos institucionalizados y se dificulta en sistemas no institucionalizados (Mainwaring y Scully, 1995: 24). En cuanto a la influencia de esta variable sobre el nivel de credibilidad, parece factible asumir que cuando el sistema de partidos est� altamente institucionalizado, la poblaci�n tiende a trasladar su confianza en los partidos al sistema pol�tico en que ellos funcionan, y que al mismo tiempo las organizaciones pol�ticas tendr�n inter�s y �xito en proteger la confianza en dicho sistema. Por otra parte, la institucionalizaci�n indica fortaleza de los partidos, lo que implica igualmente capacidad para la defensa de sus votos y para evitar los fraudes en su contra. Por ello, en igualdad de otras condiciones uno pudiera esperar mayor pulcritud y confianza sobre la limpieza de sus resultados en las elecciones en pa�ses con sistemas de partidos institucionalizados que en no institucionalizados. En los pa�ses con un sistema de partido hegem�nico en transici�n, dado el predominio de un partido con una reputaci�n no democr�tica muy reciente, es de esperar que el escepticismo respecto a la limpieza de las elecciones sea mayor que en los pa�ses enmarcados en las dos categor�as anteriores.

La encuesta Latinobar�metro 95 nos permite analizar los factores que aparecen asociados a la confianza o no en las elecciones, a fin de determinar cuales caracter�sticas actitudinales o sociodemogr�ficas de los individuos est�n asociadas a una mayor confianza en el resultado de las elecciones. Siendo las elecciones un aspecto crucial de la democracia, es de esperar que forme parte de una dimensi�n institucional en las actitudes individuales, de modo que quienes aceptan la democracia como el mejor sistema de gobierno (apoyo difuso) (Easton, 1965, 1975; Weatherford, 1992; Anderson y Guillory, 1997), mayor confianza tienen en las instituciones de gobierno y los partidos, y mayor satisfacci�n presentan con el funcionamiento de la democracia es de esperar que tengan una tendencia mayor a considerar limpias las elecciones, que quienes est�n en una posici�n opuesta.

As� como la institucionalizaci�n del sistema de partidos puede vincularse al nivel de credibilidad en las elecciones, es plausible que las actitudes hacia los partidos est�n vinculadas a la credibilidad en la limpieza de los resultados, particularmente donde los partidos manejan los organismos electorales. Ser�a de esperar que a mayor confianza en los partidos y a mayor identificaci�n con alguna organizaci�n pol�tica mayor sea la confianza que se exprese sobre la honestidad del proceso electoral.

As� como el apoyo general a las instituciones puede considerarse formando una dimensi�n que tiende a ser coherente, tambi�n la visi�n optimista o pesimista sobre la marcha de la pol�tica o la econom�a a nivel del pa�s o personal, pudieran asumirse como una dimensi�n vinculada a la primera, de modo que quienes tienden a ver en forma optimista su situaci�n personal o la del pa�s posiblemente tambi�n tengan una propensi�n mayor que los pesimistas a tener confianza en las instituciones, y en particular en las elecciones.

Anderson y Guillory (1997) demostraron que el haber votado por quienes ganaron la elecci�n y gobiernan, o por quienes perdieron y est�n en la oposici�n tiene influencia sobre la tendencia del elector a considerar que la democracia en su pa�s funciona bien o no. Con base al hallazgo de estos autores, se explora la idea seg�n la cual la tendencia a creer que las elecciones son limpias o fraudulentas est� influenciada por el hecho de que se sea partidario del gobierno o de la oposici�n. Es de esperar que quienes apoyen a los ganadores de la elecci�n, precisamente por ese hecho, tengan una tendencia mayor a considerar que las elecciones son limpias que quienes apoyan a otras fuerzas pol�ticas o a ninguna.

El modelo incluye las variables socio-demogr�ficas: sexo, edad, educaci�n y posici�n socio-econ�mica, a fin de determinar su incidencia en los ocho pa�ses considerados respecto a la variable independiente. Igualmente se explor� a manera de control el posible efecto de otras variables que han demostrado su importancia explicativa respecto al comportamiento pol�tico: la ubicaci�n ideol�gica en el espectro izquierda-derecha, el inter�s en pol�tica y la confianza gen�rica en los dem�s.

Con base en lo antes se�alado, podr�a formularse la hip�tesis central de este trabajo de la siguiente manera: La confiabilidad y credibilidad de las elecciones est� asociada, a la forma de integraci�n de los organismos electorales, al grado de institucionalizaci�n del sistema de partidos, al nivel de confianza de la poblaci�n en los poderes p�blicos y los partidos, as� como al apoyo y satisfacci�n con la democracia.