¿Cuál es el contexto del proceso de reforma política en Argentina?
La magnitud de la crisis argentina -que en mi opinión es de origen principalmente económico- deja una impronta muy fuerte sobre la cuestión de la reforma política. Por ejemplo, muchos economistas hablan de la necesidad
de bajar los costos de la política, o de la estructura de costos de las legislaturas provinciales, debate que nos puede llevar a caminos equivocados. Mucho de lo que está en debate tiene que ver con la reducción de gastos -lo
cual es justo legítimo en el presente contexto económico-, cuando en realidad deberíamos concentrarnos en cuestiones específicas del sistema electoral y de partidos políticos.
Existe también una demanda de mayor participación en la ciudadanía -demanda que, cabe recordar, se produce en gran parte de las sociedades abiertas-, lo que nos confronta directamente con el sistema representativo. La reforma
de 1994 introdujo en nuestra Constitución Nacional, que prescribía un ejercicio exclusivo del poder de parte de los representantes, una tendencia participativa, con instituciones como la iniciativa popular, los plebiscitos y las
consultas, pero no se han abierto camino al no haber sido reglamentadas.
En cuanto al sistema electoral, los que nos dedicamos a esto sabemos que no hay fórmulas mágicas, ni sistemas perfectos o neutrales. En este punto, el debate central es el de la llamada “lista sábana” -haciendo
referencia a las listas cerradas con sistema D’ Hont-. La misma, cabe recordar, tiene efectos principalmente en los distritos más grandes, ya que en las provincias más chicas se eligen pocos candidatos y en general son conocidos.
Popr otra parte, la propuesta de las “preferencias” requiere un escrutinio complicado,
A su vez, existe una demanda por la realización de elecciones abiertas, o primarias, para que los partidos no detenten el monopolio de la oferta, y la propuesta de las candidaturas independientes, que no existen bajo la ley actual. Y otras
cuestiones de carácter más técnico, como la necesidad de actualizar y modernizar el registro nacional de electores.
Los debates anteriores que tuvieron lugar en Argentina, habían girado preponderantemente alrededor del concepto de gobernabilidad...
El tema ha vuelto, porque se ha observado que Argentina padece este problema. Ya desde el Consejo para la Consolidación de la Democracia, Carlos Nino planteó la conveniencia de un sistema de tipo semiparlamentario y
semipresidencialista que favoreciera acuerdos de coalición en el gabinete. Asimismo, vuelve sobre el tapete la cuestión de la designación de los mandatos, planteándose si hay que seguir haciendo elecciones presidenciales y
legislativas en forma alternada. Indudablemente, un Presidente con una legislatura favorable durante todo su mandato garantiza la gobernabilidad, pero también produce un déficit de representatividad. Esto debe ser evaluado
cuidadosamente: no por mí, que soy juez de un Tribunal superior electoral, sino en el ámbito de una convención constituyente. Hay una situación de crisis que requiere fortalecer el poder, pero otra cosa es la
modificación de un sistema político.
Pero también existe una demanda de participación por parte de la ciudadanía que no debería ser frustrada. Por ejemplo, la no periodicidad de la renovación del cuerpo legislativo podría llegar a generar una
cuota menor de participación y de renovación, y no pareciera ser ese el mensaje que la opinión publica nos está enviando.
Las demandas y propuestas que Ud. describe parecen referirse a los resultados del sistema electoral, pero no a su funcionamiento. ¿Está la opinión pública argentina satisfecha con la transparencia y
organización de las elecciones?
La Argentina es un país con prestigio en el ámbito electoral, porque desde la transición a la democracia el sistema electoral ha funcionado correctamente. Los cuestionamientos en la política Argentina tienen que ver
más con la llamada legitimidad de ejercicio, que con la legitimidad de origen. Hay un cuestionamiento sobre la forma en que se practica la política, y la forma en que los representantes actúan, pero no sobre la legitimidad de la
forma en que son elegidos. Las elecciones son correctas y transparentes, no existen fraudes, y por eso la ciudadanía siempre ha admitido una legitimidad de origen; Argentina tiene un prestigio bien ganado. Nuestro sistema electoral se
encuentra controlado desde la justicia, y esto hace que actúen los jueces federales con independencia electoral. En tiempos de elecciones actúan organismos no jurisdiccionales pero integrados por jueces, como las juntas electorales que
intervienen siempre en las cámaras federales, los jueces federales, los superiores tribunales de provincia bajo el control de la Cámara Nacional Electoral, y a partir de allí existen los mecanismos de recursos para apelar a la
Corte Suprema de Justicia.
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