Centuria de fuerte conflictividad interpartidaria (1848-1953)
2) Centuria de fuerte conflictividad interpartidaria
(1848-1953)
Salvo breves periodos de treguas (1855-56; 1904-22; 1930-34;
agosto 1945- agosto 1946), ésta es una época de
fuerte conflictividad, incluso bélica, entre los partidos
conservador y liberal. Cada uno por separado constituyeron
regímenes de Estado-partido, tras la rebelión
conservadora de 1851, y tras la frustrada tentativa de Ospina
Rodríguez (1857-61) de fundar un régimen
conservador excluyente, advendrán los regímenes del
federalismo radical (1863-85), el conservador-autoritario de la
Regeneración (1886-1904), la hegemonía conservadora
(1914-29), la hegemonía liberal (1934-45) y entre 1949-53,
de nuevo, la frustrada tentativa de reinstaurar un régimen
conservador autoritario, en un clímax de violencia entre
el Estado-partido conservador y el liberalismo electoralmente
mayoritario.
En esa época centenaria transcurren las llamadas
guerras civiles (excepto la prepartidista de Los Supremos:
1839-41). El control del poder político pasaba de un
partido excluyente a otro asimismo excluyente, ya fuera de modo
autoritario omnicomprensivo (como el régimen de la
Regeneración) o hegemónico de intensidad intermedia
(como en los demás regímenes hegemónicos de
ambos partidos).
El régimen de la Regeneración eliminó
literalmente a los liberales radicales y en su agonía como
tal régimen, al término de la guerra de los Mil
Días, condenó a pena de muerte y ejecutó por
fusilamiento, y en general sin fórmula de juicio a
numerosos excombatientes y a ciudadanos liberales23. El sistema electoral de los distritos
uninominales y de las designaciones senatoriales por las
asambleas, "de uno en uno", le era en grado sumo ventajoso al
régimen, por lo que el liberalismo de los radicales no
pudo elegir a ningún senador, y a sólo dos
representantes: Luis A. Robles en 1892 y Rafael Uribe Uribe en
1896. Al parecer en estos comicios los liberales habrían
obtenido mayoría en dos distritos uninominales de
Antioquia, dos de Panamá y Santiago Pérez por
Medellín, pero las juntas electorales de los distritos
(designadas por el gobierno) anularon los resultados24.
En tal época de enfrentamientos interpartidistas,
excepto en la Regeneración, como se vió, fue muy
dinámica una activa esfera pública política
?medios de comunicación en soporte papel (desde luego, no
masivos), tertulias de café y de salones y, en ciertos
momentos, púlpitos de iglesias? de oposición y de
controversia teológica y filosófico-política
entre dos cosmovisiones: la de la fe religiosa de los
conservadores y la del racionalismo de los liberales. Al inicio
del Frente Nacional, la Iglesia contribuyó a que se diera
por cancelada esta época de violencia interpartidaria, y a
principios de los años sesenta optó por aceptar
definitivamente la secularización. Esta decisión ha
sido desde entonces honrada en la práctica. La siguiente
época estaría signada por la reconciliación
y por la simbiosis de liberales y de conservadores, pero en el
ambiente estaría marcada por otro tipo de violencia que
acaba con el monopolio estatal de la fuerza física, hecho
que dejó a los nacionales sin protección para su
vida, su integridad y sus bienes.
En contraste con la dureza y con la exclusión de la
Regeneración, la intolerancia de los otros
regímenes se practicó con ciertas limitaciones: (a)
en el régimen de los radicales, los conservadores
mantuvieron el control de los estados de Antioquia y Tolima y,
por largo tiempo o alternativamente, gobernaron el de
Cundinamarca (que incluía a la capital de la
Unión); (b) en la hegemonía conservadora, debido a
la práctica del voto limitado o de lista incompleta,
liberales y republicanos tuvieron acceso a alrededor de una
cuarta parte de los escaños en todas las corporaciones
públicas, y (c) en la breve hegemonía liberal, los
gobiernos no impidieron la fuerte acción opositora de los
dirigentes conservadores en los medios de comunicación, y
en manifestaciones públicas que solían provocar
enfrentamientos entre grupos de ambos partidos.
Tampoco la participación del partido en las elecciones,
ahora bajo el sistema de representación proporcional, pese
a lo cual los conservadores decidieron no concurrir a las urnas
entre 1934-1938 , cuando se realizaron elecciones presidenciales
en ambos años, al igual que a las de Cámara y de
asambleas departamentales en 1935 y 1937 (y por lo tanto no
tenían capacidad para designar representación en la
elección de segundo grado del senado). En ese cuatrienio
de abstención protestataria la única
excepción fue la de haber concurrido a las elecciones para
concejos municipales de 1935 y 1937, ya que durante la
hegemonía liberal el conservatismo no estuvo ausente de
los comicios para todas las corporaciones, con la única
excepción del cuatrienio.
Los regímenes de partido-Estado25 terminaron en dos ocasiones por pérdida
de elecciones presidenciales, ocasionada por división del
partido hegemónico (en 1930 y 1946), pero en el siglo XIX
las guerras civiles determinaron su finalización y el
inicio de un nuevo régimen igualmente excluyente,
así como en la guerra de 1885 el desplome del
régimen federal de los radicales. Tras la frustrada
tentativa de 1895, el liberalismo se lanza a la guerra de los Mil
Días, en la que es derrotado militarmente por el ya
políticamente desgastado régimen, al que
(después del golpe palaciego dado por la fracción
de los históricos a la fracción nacionalista de los
conservadores, en 1900, en plena guerra civil), sucede otro
régimen ?el del Quinquenio? en el que participan las
importantes fracciones liberales del uribismo y del herrerismo,
que venían de hacer la guerra.
La máxima intensidad en la exclusión partidaria
se presentó (a) durante el régimen
civil-autoritario, denominado la Regeneración (1886-1904),
que excluyó tajantemente al liberalismo radical, y (b) las
dos dictaduras del medio siglo XX, a saber: la dictadura civil de
Ospina-Gómez-Urdaneta (1949-53), que excluyó al
liberalismo, apoyada en la politizada policía, los
militares conservadores y bandas partidarias26, y la dictadura militar del general Gustavo
Rojas Pinilla (1953-57), que excluyó a los dos partidos
como tales, aun cuando gobernó con personal civil y
militar vinculado al conservatismo.
Las exclusiones de intensidad regulada corresponden a las
hegemonías unipartidarias que impedían sólo
parcialmente la organización y la acción
política del partido opositor, sin cerrarle totalmente el
acceso a la función pública o al parlamento y
demás corporaciones públicas. Tales
regímenes semiduros fueron: (a) la hegemonía del
radicalismo federal (1863-85), b) la hegemonía
conservadora (1914-29) y (c) la hegemonía liberal
(1934-46). Los dos últimos periodos mencionados fueron
precedidos de las siguientes transiciones: (a) entre 1904-09 de
la posbélica del cesarismo pacificador y reconciliador de
Rafael Reyes o Quinquenio; (b) entre 1909-14 del republicanismo
de Carlos E. Restrepo, y (c) entre 1930-34 de la
concentración nacional de Olaya Herrera. La violencia de
los movimientos sociales de los años veinte y treinta fue
sustituida por la violencia interpartidaria del septenio 1946-53,
en la que los liberales (que eran mayoritarios electoralmente)
asumieron un rol defensivo ante el Estado-partido del minoritario
conservatismo.
3) Régimen de bipartidismo colusivo o cartelizado
(1957-2002...)
En esta época contemporánea concluye
definitivamente la conflictividad entre liberales y
conservadores, quienes de consuno controlan el Estado, la
administración, la justicia judicial y el Congreso. En una
primera fase, la decisión política corresponde a
una oligarquía bipartidista, que ocupa tanto el centro
político como el Estado, y en la fase subsiguiente y
actual, a una dinámica a la vez centrífuga (dominio
de las corporaciones públicas de parte de una clase
política bipartidista de estatus social intermedio en sus
correspondientes regiones) y centrípeta (mayor poder del
presidencialismo debido a la descomposición,
desvanecimiento y menguado prestigio público de los
partidos, los que cada vez son más inefectivos en su
incidencia respecto de las determinaciones en materia de
políticas públicas y nombramientos
burocráticos); por lo tanto, hay una mayor incidencia del
neocorporativismo, pero se presenta con un elevado costo social
(incluidos aquellos de transacción) en materia de
cesión de bienes públicos, lo cual redunda en
beneficio personal de los miembros de la clase política
enseñoreada del parlamento.
En la primera fase del régimen cartelizado domina la
oligarquía bipartidista de la precedente coyuntura del
periodo de La Violencia; en la siguiente y actual, una alianza
entre presidencialismo y clase política de menor rango por
su limitada capacidad de movilización electoral
clientelista. Hay una separación entre Estado
neocorporatista y presidencialista, social y políticamente
descentrado, vinculado a los vestigios del partidismo como
decadente veto-group; mientras que en el espacio
esquemático aparece distante el resto de la nación:
la protosociedad civil (muy incipiente y de dudosa
formación a mediano plazo), y las otrora potentes y ahora
declinantes: la esfera pública y la opinión
pública27 .
Los regímenes clásicos de partido-Estado y el
actual del bipartidismo estatizado ?al margen de la sociedad, de
la esfera pública y de la opinión pública?
se han sostenido mediante políticas de poder que, con
precaria legitimidad social y política, han combinado la
fuerza, la violencia y la intimidación vinculada a la
trasgresión de los derechos humanos, y con disuasivos
legales (mantenimiento por tiempo indefinido del Estado de sitio,
estatuto de seguridad, etc.) o ilegales (acciones represivas
encubiertas, desapariciones forzadas, paramilitarismo, exterminio
de la Unión Patriótica, etc.), de tal manera que
han emulado en perversidad, antihumanitarismo y
antipolítica con el terrorismo de las guerrillas y los
paramilitares.
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